ACUERDO 25/09/25 UN PARCHE EN LA PROTECCIÓN INFANTIL Y JUDICIALIZACIÓN DE LA LABOR DOCENTE.

En septiembre de este año, la Secretaría de Educación Pública lanzó el Acuerdo 25/09/25, un documento que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual y el maltrato dentro de las escuelas. Sobre el papel, suena esperanzador. Pero quienes vivimos la realidad educativa en carne propia —como padres, maestros y estudiantes— sabemos que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y que la realidad en las aulas supera por mucho la realidad de las oficinas de la SEP. 

Desde la criticidad el Acuerdo 25/09/25 se encuentra subsumido entre la Intención y la Realidad

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2025, el Acuerdo 25/09/25 establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en el ámbito de la educación básica. Su objetivo es blindar las escuelas como espacios seguros, promoviendo una cultura de respeto, cuidado y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que encontramos:

Principales ejes del acuerdo:

• Prevención primaria mediante sensibilización y formación docente.
• Atención integral a víctimas: detección, notificación, intervención y seguimiento.
• Medidas de no repetición con enfoque de derechos humanos.
• Coordinación interinstitucional entre SEP, PFPNNA, PPNNA y otras entidades.

El Acuerdo 25/09/25 es un paso necesario hacia la protección de la infancia, pero su aplicación efectiva exige más que voluntad política: requiere inversión en infraestructura, reducción de la sobrepoblación escolar, capacitación continua y presencia de profesionales especializados en cada plantel. Sin estas condiciones, el acuerdo corre el riesgo de convertirse en letra muerta, incapaz de transformar la dura realidad que viven miles de estudiantes mexicanos.

Insisto, por más loable que sea la intención del Acuerdo 25/09/25 —proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual y el maltrato en el entorno escolar— su aplicación efectiva se enfrenta a una muralla de obstáculos estructurales que el gobierno parece subestimar. En papel, el acuerdo es un avance normativo; en la práctica, es una promesa que se estrella contra aulas sobrepobladas, docentes desbordados, cargados administrativamente y escuelas que apenas sobreviven.

Es por demás absurdo, ilógico e inverosímil, que los docentes frente a grupo carguen con semejante responsabilidad, so pena de ser acusados y ajusticiados por omisión como se recalca en el presente acuerdo se requiere que personal especializado se dedique exclusivamente a ese rubro, no el docente que está a punto de reventar con actividades que están lejos de su práctica educativa.

Analicemos nuestra realidad Educativa: tenemos aulas sobrepobladas y hacinamiento

Aunque el acuerdo representa un avance normativo importante, su implementación enfrenta serios obstáculos estructurales:

1. Infraestructura insuficiente

• Muchas escuelas carecen de espacios adecuados para garantizar privacidad, seguridad y atención emocional.
• Aulas con más de 40 alumnos dificultan la detección de casos de abuso o maltrato.

2. Carga laboral docente

• Los maestros enfrentan sobrecarga administrativa y grupos numerosos, lo que limita su capacidad de observación y seguimiento individual.
• La formación en protocolos de atención a la violencia requiere tiempo y recursos que muchas escuelas no tienen.
• Docentes que, además de enseñar, deben fungir como orientadores, enfermeros, mediadores y ahora también como detectores de abuso.

3. Falta de personal especializado

• La mayoría de las escuelas no cuenta con psicólogos, trabajadores sociales o personal capacitado para intervenir en casos de violencia.
• La atención recae en docentes sin preparación profesional en salud mental o derechos humanos.

4. Contexto social adverso

• En zonas marginadas, la violencia estructural y familiar es frecuente, lo que complica la aplicación de medidas de no repetición.
• El miedo a represalias o la normalización del maltrato impide que muchos niños denuncien.
• ahora con el presente acuerdo se legaliza las llamadas al 911 para que autoridades policiales intervengan en las escuelas, ¡cómo es posible!

Así de esta formo nosotros docentes: somos héroes sin capa, sin recursos y sin respaldo

El acuerdo deposita una enorme responsabilidad en los maestros, pero no les da herramientas reales para cumplirla. Se les exige detectar, notificar, intervenir y acompañar, pero:

• No se nos libera de carga administrativa.
• No se nos garantiza formación especializada ni tiempo para capacitarse.
• No se nos protege ante posibles represalias de padres o comunidades.
• No se nos garantiza el debido proceso ni la debida diligencia
• No se nos respeta nuestros derechos humanos

En muchos casos, el maestro que denuncia, o es acusado termina siendo señalado, aislado o incluso removido. ¿Dónde está el respaldo institucional?

Reafirmo que la brecha entre el discurso y la acción es lesiva, dolosa y profunda.

El Acuerdo 25/09/25 es parte de una narrativa gubernamental que busca mostrar sensibilidad ante los derechos de la infancia. Pero sin presupuesto, sin personal especializado y sin transformación estructural, el acuerdo corre el riesgo de convertirse en un documento más que se archiva en las oficinas de supervisión escolar, o peor aún en el arma para judicializar la labor docente y ser mal usado para cometer todo tipo de fechorías en contra de los docentes, como ya sucede actualmente.

La protección infantil no se garantiza con protocolos, sino con condiciones dignas: escuelas seguras, aulas con 25 alumnos máximo, docentes capacitados, atención psicológica accesible y comunidades informadas.

Si el Estado mexicano realmente quiere blindar a la infancia contra la violencia, debe empezar por dignificar el entorno escolar. Eso implica:

• Reducción de la sobrepoblación en aulas.

• Contratación de personal especializado en cada plantel.

• Inversión en infraestructura escolar.

• Formación continua y remunerada para docentes.

• Protocolos que no solo se escriban, sino que se vivan.

La mejor opinión es la tuya, déjame tu comentario y comparte si estás de acuerdo con lo propuesto.